Plazo de prescripción de la acción indemnizatoria por falta de servicio y más

Hechos. La Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, otra organización social y un particular, denunciaron ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a la empresa Southern Gold SpA por haber ejecutado un proyecto minero evadiendo el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La SMA ordenó el ingreso del proyecto al SEIA, bajo apercibimiento de sanción. Los interesados solicitaron a la SMA que invalidara su resolución, por haber omitido formular cargos al titular, requerimiento que fue rechazado. Contra la resolución de rechazo de la petición de invalidación los interesados reclamaron ante el Segundo Tribunal Ambiental en virtud del artículo 17 Nº 8 de la Ley 20.600, arbitrio que fue declarado inadmisible y esa decisión confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. En contra de esa decisión se recurrió de queja para ante la Corte Suprema. Derecho. Si bien los denunciantes contaban con legitimación activa para reclamar contra la resolución de la SMA que rechazó la invalidación, el agravio que sufrieron podía sustentar la reclamación consagrada en el artículo 56 de la Ley 20.417, en relación a la regla de competencia establecida en el artículo 17 Nº 8 de la Ley 20.600 (c. 6º). Esas disposiciones legales tienen un plazo y una regla de competencia territorial que no puede ser preterida acudiendo al derecho a instar por el ejercicio de la potestad invalidatoria, pues esa manifestación de autotutela estatal sólo excepcionalmente puede ejercerse a instancia de parte, cuando el legislador no ha establecido un mecanismo especial de revisión de legalidad (c. 7º). El derecho de opción que entrega el artículo 54 de la Ley 19.880 para elegir la vía administrativa o judicial no puede significar que quede a discreción del interesado qué plazo debe cumplir, ni ante qué tribunal debe reclamar, pues las reglas procedimentales son de orden público y por ende indisponibles a las partes.
- Sentencia Corte Suprema

Hechos. Doña Pamela Robledo fue nombrada Jueza de Policía Local de Cochrane en noviembre de 2013, pero la Municipalidad sólo instaló el Juzgado en diciembre de 2020, asumiendo sus funciones personalmente a partir de enero de 2021. La jueza demandó a la municipalidad la indemnización de perjuicios por falta de servicio, la que hizo consistir en las remuneraciones devengadas y que no fueron pagadas al no instalar la Municipalidad el Juzgado de Policía Local. Doña Pamela Robledo obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, que fue luego revocada en segunda, por considerar el ad quem que la acción –entablada en julio de 2019– se encontraba ya prescrita. En contra de esta sentencia la demandante recurrió de casación en el fondo para ante la Corte Suprema. Derecho. La acción de responsabilidad extracontractual prescribe en cuatro años contados desde el día en que se cometió el ilícito en que se funda, el que queda concluido en todos sus elementos al generarse el daño, no antes (c. 12º de la sentencia de casación). Sin embargo, como lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia, en algunos casos especiales ese plazo ha de contabilizarse desde una fecha posterior a la de la perpetración del acto (c.13º de la sentencia de casación). En las hipótesis de “daño continuado”, como el de la especie, la prescripción sólo puede contarse desde que el hecho cesa. En el caso concreto, el plazo de prescripción de la acción por falta de servicio se computa desde el 2 de enero de 2021, fecha a partir de la cual quedó instalado el tribunal y en que cesaron los daños (c. 15º y 16º de la sentencia de casación). Por esas razones, se invalida la sentencia de segunda instancia y en su lugar se la reemplaza confirmando la de primera, con declaración de que además la municipalidad deberá pagar $70.000.000 a título de daño moral.
- Sentencia de casación
- Sentencia de reemplazo

Hechos. Engie Energía recurre de protección en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el Fisco de Chile, a quienes atribuye una actitud pasiva y omisiva en la adopción de medidas para hacer frente a la ocupación irregular de la franja de servidumbre y seguridad de la línea eléctrica “Pozo Almonte-Tamarugal”, hecho que genera un riesgo inminente para la vida y propiedad de quienes han levantado ilegalmente las construcciones y los asentamientos. La Corte de Apelaciones rechaza la acción en primera instancia, por considerar que no constituye la vía idónea. Derecho. La ocupación irregular de la franja de servidumbre y seguridad de la línea de transmisión eléctrica, en terrenos de propiedad fiscal, pone en peligro la continuidad del servicio público de transmisión eléctrica y, ante todo, tal ocupación supone un riesgo inminente para la vida e integridad física de los ocupantes irregulares (c. 10º). Se revoca la sentencia de primera instancia y en su lugar se dispone el desalojo de los ocupantes ilegales, dentro del plazo de seis meses, debiendo el municipio respectivo –en coordinación con los ministerios del Interior, Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social– implementar de manera transitoria un recinto para albergar o cobijar a los ocupantes con posterioridad al lanzamiento.
- Sentencia Corte Suprema