Tierras indígenas, nulidad de testamento y responsabilidad

Hechos: Don Raúl Z. celebró un contrato de compraventa con Herta L. por medio del cual el primero compró a la segunda un inmueble. Tras haberse solicitado la inscripción de dicha compraventa, el Conservador de Bienes Raíces de Osorno la rechazó, atendido que el inmueble tendría la calidad de tierra indígena. Para fundar su decisión, tuvo en cuenta que originariamente la propiedad había sido adquirida conforme al procedimiento de regularización del DL Nº 2.695 de 1979, siendo aplicable, a su juicio, la letra d) del numeral 1º, del art. 12 de la Ley Nº 19.253 que establece como tierras indígenas aquéllas que se encuentren en posesión de personas indígenas y que provengan de títulos que contengan formas en que el Estado haya cedido, regularizado, entregado o asignado tierras indígenas. Ante la negativa del Conservador, Raúl Z. dedujo reclamo ante el juzgado competente el cual fue rechazado. Apelada dicha decisión, fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Valdivia. En contra de esta última decisión dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo. Derecho. Casación en la forma: Se rechaza el recurso. Casación en el fondo: La prohibición contenida en el art. 13 de la Ley Nº 19.253 se erige sobre dos pilares copulativos, uno de carácter subjetivo, que exige que las personas sean indígenas, y uno subjetivo consistente en que se trate de tierras indígenas. No basta que concurra uno sólo de los pilares señalados (c. 14º). Conforme al art. 15 de la Ley Nº 19.253, el registro de tierras indígenas de la Conadi cumple una doble función: prueba para acreditar la calidad de tierra indígena y publicidad y garantía para terceros. Atendido lo anterior, y considerando que el inmueble objeto de la compraventa no figura en dicho registro, el Conservador debió descartar la pretendida nulidad. El hecho que el inmueble originalmente haya sido adquirido conforme al DL Nº 2.659 de 1979 no permite concluir que se haya conferido considerando la calidad de indígena de la tierra. Por su parte, los apellidos indígenas de la tradente son insuficientes para concluir que aplicaba la prohibición (c. 15º). En consecuencia, al negarse a practicar la inscripción, el Conservador se excedió en sus facultades calificadoras establecidas en el art. 13 del Reglamento Conservatorio (c. 16º). Se acoge el recurso. Sentencia de reemplazo. Se revoca la sentencia apelada y en su lugar se declara que se acoge la demanda y se instruye al Conservador inscribir la escritura pública de compraventa. Votos en contra de ministros Rodrigo Blanco H. y Diego Simpertigue.
Sentencia de casación
Sentencia de reemplazo

Hechos: Belfor V. otorgó testamento solemne el 21 de abril de 2009 revocando con ello testamento otorgado en el mes de marzo del mismo año. Dos de los testigos que concurrieron al otorgamiento del nuevo testamento estaban domiciliados en una comuna distinta de aquella en que se otorgó el testamento, vulnerando con ello lo señalado en el art. 1012 del CC. Bernardo V. dedujo acción de nulidad del testamento fundada, entre otras razones, en esta circunstancia. La demanda de nulidad fue rechazada por el 2 juzgado Civil de Chillán, decisión luego confirmada por la Corte de Apelaciones de esa ciudad. En contra de esta última decisión dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo. Derecho. Casación en la forma: Se rechaza el recurso. Casación en el fondo: La controversia jurídica radica en dilucidar si, el domicilio de los testigos que exige el inciso final del art. 1012 del CC. es un requisito que de no cumplirse vicia el testamento de nulidad absoluta (c. 6º). Si bien el art. 1026 prescribe que el testamento solemne en que se omitiera cualquiera de las formalidades a que deba sujetarse no tendrá valor alguno, su inciso 2º agrega que cuando se omitiere una o más designaciones prescritas en el art. 1016, en el inciso 5º del 1023 y en el inciso 2º del 1024, no será por eso nulo el testamento, siempre que no haya duda acerca de la identidad personal del testador, escribano o testigo. En el caso de autos, dos testigos tenían domicilio en Portezuelo, en circunstancias de que el testamento de se otorgó en Chillán, produciéndose una clara transgresión del art. 1012 del CC, que exige que los testigos deben estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas que que se otorgue el testamento (c. 7º). Esta irregularidad no es, sin embargo, invalidante, atendido que no genera duda sobre la identidad personal del interviniente (c. 8º). Se rechaza el recurso.
Sentencia de casación

Hechos: Carlos S. dio en arrendamiento un local comercial a Isapre Consalud S.A. Estando vigente dicho contrato, se produjo un incendio en el local arrendado, el que se extendió a locales aledaños, también de propiedad de Carlos S. Este último dedujo demanda de indemnización de perjuicios en contra de Isapre Conasalud S.A., reclamando daño emergente, lucro cesante y daño moral. La demanda fue acogida parcialmente por el tribunal de primera instancia, decisión confirmada por la Corte de Apelaciones respectiva. En contra de la decisión de segunda instancia, el demandante dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo. El demandado, por su parte, dedujo recurso de casación en el fondo. Derecho. Recurso de casación en la forma del demandante: Se rechaza el recurso. Recursos de casación en el fondo del demandante y del demandado: El art. 2330 del CC. consagra la excepción de exposición imprudente al daño de la víctima. Dicha norma es aplicable cuando la victima ha contribuido a la producción del ilícito. En el caso de autos, el hecho que el inmueble arrendado no contara con cortafuegos no permite la aplicación de esta norma. La demandada arrendó el inmueble por más de siete años, de modo que debió conocer que carecía de cortafuegos, y además incumplió sus deberes de cuidado, al conocer y tolerar la existencia de una defectuosa instalación eléctrica (c. 11º a c. 13º). El fallo infringe el art. 2329 del CC. que consagra el principio de reparación integral del daño, atendido que la sentencia descontó del monto a indemnizar la cantidad de $40.000.0000, considerando que dicha cantidad había sido pagada por el demandado al demandante en un avenimiento alcanzado en un juicio conexo. Sin embargo, dicha cantidad fue pagada en razón de los daños sufridos en locales comerciales diversos a los que son materia de este juicio. Se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandado. Se acoge recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante (c. 17º). Sentencia de reemplazo: Se confirma con declaración la sentencia apelada. Votos en contra de Ministros Raúl Fuentes M. y Arturo Prado P.
Sentencia de casación
Sentencia de reemplazo